La fallida operación inmobiliaria para construir un edificio municipal en la calle Ramón Álvarez le costará al Ayuntamiento una indemnización de 3,5 millones de euros que deberá abonar a la constructora UFC, que ya ha pedido la ejecución de sentencia pese a que el asunto se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
El Grupo municipal de Izquierda Unida dio a conocer hoy la solicitud de UFC de ejecución de sentencia, lo que conllevará destinar al pago de esa indemnización los 3,15 millones de euros de euros consignados en el Fondo de Contingencia del presupuesto de 2014 y 400.000 euros adicionales de una modificación presupuestaria para completar los 3.566.453 euros que establece la setencia del Tribuna Superior de Justicia de Castilla y León.
El portavoz municipal de IU, Francisco Guarido, recordó que a ese dinero habrá que sumar los gastos financieros y de abogados, lo que supondrá que finalmente el Ayuntamiento pagará más de cuatro millones de euros por un alquiler con opción de compra de un edificio municipal que nunca se llegó a construir.
Por este motivo, Guarido solicitó hoy que dimita el ex alcalde y actual diputado nacional del PP, Antonio Vázquez, junto al resto de concejales que entonces apoyaron la operación inmobiliaria con UFC y que ahora ocupan cargos públicos.
El edil de IU recordó que el dinero que se abonará por la fallida operación inmobiliaria es similar a lo que costará el alquiler del antiguo Centro Médico como edificio municipal durante veinte años. Recordó que técnicos municipales aseguraron que el contrato suscrito entre UFC y el Ayuntamiento hace diez años estuvo sobrevalorado en 24 millones de euros.
Guarido aludió a la posible implicación de la empresa UFC y su propietario José Luis Ulibarri en otros casos de corrupción como la 'trama Gürtel' y recordó que la inmobiliaria cobró por la intermediación 1,235 millones de euros cuando lo normal es que los gastos de intermediación no pasen del 3%.
Por todo ello solicitó la dimisión "inmediata" de Vázquez, pidió que el PP pida disculpas a los zamoranos por el coste económico de la operación para las arcas municipales y extendió las peticiones de dimisión a la alcaldesa, el presidente de la Diputación, el delegado territorial de la Junta y el teniente de alcalde Feliciano Fernández.
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