viernes. 29.03.2024
El director general de Vivienda junto al delegado de la Junta en Zamora.

La morosidad en las 1.100 viviendas de titularidad pública en Zamora alcanza el 17% y es algo superior a la media regional, por lo que la Junta ha ofrecido a los inquilinos que no abonan la cuota opciones alternativas para evitar el desahucio.

Así lo indicó hoy el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Ángel Marinero, en la presentación de las medidas introducidas en la Comunidad Autónoma para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar el alquiler. Marinero explicó que en estos casos de impago la Junta ha paralizado los desahucios y, a cambio, ofrece a los inquilinos que no tienen ingresos suficientes una moratoria en el pago, una reestructuración del dinero que les queda por abonar o una reducción de las cuotas.

Además, la Junta desarrolla un programa de prevención de desahucios y a la vez ha introducido medidas para facilitar la adquisición de viviendas protegidas, ya que existen pisos vacíos y a la vez hay gente que demanda una VPO. En la provincia, según datos de la Consejería de Fomento, existen cerca de 1.470 familias que demandan una vivienda de protección oficial, lo que supone que cerca de 6.000 zamoranos están a la espera que se les conceda una casa de este tipo.

Entre las 22 medidas introducidas por la Junta para conciliar demanda y oferta, además de las referidas a la adquisición, se han puesto en marcha otras para incentivar el alquiler. En el caso de la ciudad de Zamora, a través del Gobierno regional, se ofrecerán alquileres a un precio máximo de 222 euros mensuales para pisos de 50 metros cuadrados y de 400 euros si tienen 90 metros cuadrados. En el resto de municipios de la provincia también se ofrecerán descuetos sobre los precios base fijados en 243 y 437 euros, según la superficie de la vivienda.

Las nuevas medidas en materia de vivienda están orientadas a prestar apoyo inmediato a las personas más necesitadas, dotar de mayor agilidad al mercado inmobiliario, fomentar el alquiler social e impulsar la venta y el arrendamiento de las viviendas de protección pública disponibles.

La morosidad en las 1.100 viviendas públicas de Zamora llega al 17%