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Concepción pide al Ministerio de Justicia mejorar los medios humanos y materiales para ofrecer al ciudadano un servicio de calidad

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Concepción pide al Ministerio de Justicia mejorar los medios humanos y materiales para ofrecer al ciudadano un servicio de calidad

El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, se ha reunido este jueves en el Ministerio de Justicia con el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, y con el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, para trasladarles las necesidades más acuciantes en cuanto a medios humanos y materiales en los órganos judiciales de Castilla y León a fin de poder ofrecer al ciudadano una Justicia de calidad y ágil acorde al siglo XXI.

Concepción ha asistido a la reunión acompañado por el presidente del CRACyL, Julio Sanz Orejudo, con quien ha presentado un detallado informe sobre la situación de los equipos psicosociales y de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delito (OAVD).

Equipos psicosociales

Los problemas expuestos por Concepción y Sanz se centran fundamentalmente en las provincias de Ávila, Burgos, León, Segovia y Soria. Según ellos, sería conveniente la creación de equipos psicosociales para juzgados con competencia en materia de familia cuando menos en dichas provincias o que se amplíen las plantillas de los ya existentes.

Convendría además integrar bajo la dependencia del correspondiente Instituto de Medicina Legal, o de la oportuna Subdelegación del mismo, todos los equipos psicosociales existentes en cada provincia con independencia de que en la actualidad se encuentren adscritos al Juzgado de Familia o al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Alternativamente, sería recomendable utilizar, a los mismos efectos, los respectivos equipos psicosociales dependientes de los nueve Juzgados de Menores del territorio, que disfrutan de un menor volumen de trabajo.

Resulta imprescindible establecer unos módulos de trabajo para que los equipos evacúen un determinado número de informes al mes, otorgando a los directores de los Institutos de Medicina Legal o a las Gerencias

Territoriales las oportunas medidas correctivas o disciplinarias para que aquéllos resulten efectivos.

Oficina de Asistencia a las Víctimas

La Ley Orgánica 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito y el Real Decreto 1109/2015 de 11 de diciembre que la desarrolla pretende otorgar a las víctimas de delito una protección integral en el proceso y también fuera del proceso, no solo desde una perspectiva jurídica sino también desde una perspectiva social.

Desde esta consideración de las víctimas, el papel de las OAVD debe ser fundamental en cuanto que han de actuar en interés de las mismas prestándoles asistencia integral desde el punto de vista jurídico, social, emocional, psicológico.

El TSJCyL y el CRACyL entienden que es exigible una inmediata reorganización de las OAVD del territorio, integradas actualmente por un funcionario y un psicólogo, y contar además con un trabajador social y un letrado cuando menos.

Sería conveniente también tener una OAVD en el Palacio de Justicia de Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que desempeñe labores de coordinación con las demás, sin perjuicio de que cuente con el personal necesario para la atención de las víctimas que acuden a juicio en la Audiencia Provincial alojada en dicho Palacio.

Podría tomarse como ejemplo la OAVD de la Comunidad Valenciana, integrada por dos letrados, dos letrados criminólogos, una trabajadora social, un técnico de empleo y un funcionario. En dicha comunidad, además de las tres Oficinas de ámbito provincial existen otras con ámbito inferior dependientes de aquéllas.

Visor documental

En otro orden de asuntos, el presidente del TSJCyL ha reivindicado una necesaria revisión del llamado visor documental (herramienta digital que sirve para consultar los procedimientos judiciales) prepara solucionar los problemas que presenta e incorporar nuevas aplicaciones.

Por ejemplo, deben incorporarse al mismo actos procesales, resoluciones judiciales y de los Letrados de la Administración de Justicia, documentos e informes y escritos con una correcta denominación.

Además, deben introducirse criterios de búsqueda, ya sea por fecha o por denominación, y procederse a una numeración lógica, sucesiva, cronológica con independencia de los órganos judiciales que intervengan en el procedimiento.

Así mismo, debe arbitrarse el modo de acceso al visor documental para aquellos procedimientos en que intervengan de letrados y procuradores.

Modernización de los archivos judiciales

Por otro lado, Concepción ha expuesto al Ministerio de Justicia, más concretamente a las Subdirecciones de Obras y Medios Personales, un estudio preliminar y orientativo sobre la situación de los archivos judiciales de la comunidad.

El TSJCyL cree que existe la imperiosa necesidad del establecimiento de un Archivo Territorial en Castilla y León para el cumplimiento del circuito de documentación previsto en el Real Decreto 937/2003.

Dada la amplitud del territorio de esta comunidad, sería necesario además el establecimiento de dos sedes: Burgos y Valladolid son las más adecuadas.

Peritos en Valladolid

El presidente del TSJCyL ha aprovechado la reunión con Dolz y Viejo para recordar de nuevo la necesidad de proveer con la mayor urgencia posible las vacantes de peritos judiciales existentes en los Juzgados de Valladolid.

Actualmente no hay peritos trabajando en dichos juzgados cuando existen tres plazas asignadas y un espacio habilitado con tres puestos de trabajo que están sin ocupar.

Alrededor de 200 expedientes están pendientes del pertinente peritaje en los seis Juzgados de Instrucción de Valladolid. Además, casi una decena de ejecutorias están paradas en los Juzgados de lo Penal.

Sonido en salas de vistas

Por último, Concepción ha pedido al Ministerio que modernice los sistemas de sonido de las salas de vistas de los órganos judiciales de Castilla y León.

Según el TSJCyL, es preciso contar con equipos de audio de alta calidad tanto para que el público que acude a los juicios pueda seguirlos con normalidad, como para la grabación de los mismos por parte de los profesionales de los medios de comunicación que son los garantes en última instancia del principio de publicidad de las vistas orales.

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