El sindicato independiente reclama el refuerzo de plantillas en las oficinas del SEPE, que se van a abrir los próximos días al público; y pide al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas de Salud que agilicen la toma de posesión del nuevo personal sanitario en formación (unas 10.000 personas, previstas inicialmente para el mes de septiembre), así como la contratación urgente de los especialistas que han terminado su periodo de residencia.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Junta de Castilla y León a que mantenga las contrataciones de refuerzo que se han hecho por la crisis del Covid-19, y que realice -a mayores- las contrataciones necesarias, para que los empleados de los servicios sanitarios y sociosanitarios, así como de otros servicios -incluidos los de administración- puedan coger sus vacaciones durante el verano, con sus puestos cubiertos por sustituciones, que eviten la sobrecarga de trabajo de sus compañeros. Un alivio que merecen unos empleados públicos, después de tanto esfuerzo y cuando todavía continúan las consecuencias de la crisis del coronavirus.
Así lo pide CSIF, tras conocer los datos del paro de mayo, que vuelve a crecer en España con un moderado crecimiento del 0,7%, que deja la cifra de 3.857.776 parados, sin contar los casi 4 millones de trabajadores que ahora mismo están en ERTE. En Castilla y León, mayo deja un 2,4% más de desempleados en el último mes, y un incremento interanual del 21,3%. Si bien este dato -que sigue recogiendo las consecuencias del estado de alarma por el Covid-19, supone un descenso respecto al incremento del 9% del paro en el mes de abril, hay que remarcar que el número de parados en Castilla y León se sitúa en 170.292, y que algunas provincias de la Comunidad, como Segovia, Burgos o Soria han tenido algunos de los incrementos porcentuales de paro más altos de España, en el último mes.
CSIF insiste en que hay que reforzar las plantillas de los servicios públicos, ya que ahora es más necesario que nunca que ofrezcan una atención rápida y eficaz, ante los problemas que está generando la crisis sanitaria, social y económica, provocada por el Covid-19. En cuanto a las oficinas de empleo público, el sindicato independiente recuerda que están ultimando su reapertura al público, con miles de ERTES aún sin resolver en España. Además, la Sanidad solo contrató a 30.517 profesionales en España, entre marzo y mayo, frente a los 50.000 prometidos por el Gobierno para afrontar el Covid-19
Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal abrirán previsiblemente a principios de la semana próxima, con miles de expedientes aún por resolver de los procesos de regulación de empleo temporal, a los que se suma la nueva prestación para empleadas del hogar por falta de actividad, y las prestaciones individuales ordinarias.
CSIF ha trasladado a los responsables del SEPE su preocupación ante esta situación de vulnerabilidad que padecen miles de personas, cuya angustia e incertidumbre se trasladará sin duda a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden. Reclama, por tanto, garantías de seguridad en todas las oficinas además de las pertinentes medidas de higiene y protección sanitaria.
Se da la circunstancia de que el coeficiente de error de los expedientes de ERTE que recibe el SEPE ha subido los últimos días del 11,6 al 14 por ciento. Esto significa que, aunque se van resolviendo de manera paulatina los expedientes pendientes, siguen entrando miles de nuevos ERTES con errores y que por tanto se tienen que paralizar para corregirlos.
En respuesta a los requerimientos de CSIF, los responsables del SEPE van a esperar a que se abone la nómina de junio para analizar las incidencias que se pudieran producir, al tiempo que las oficinas de atención al público estén preparadas en materia de protección de riesgos laborales frente al Covid-19.
CSIF insiste en la necesidad de que se refuercen de manera urgente las plantillas, ya que las cargas de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal se mantendrán en estos dramáticos niveles durante un prolongado espacio de tiempo, con el consecuente e inevitable retraso que se producirá en la tramitación de las prestaciones.
