Recoge en el preámbulo que "la declaración en marzo de 2020 por la OMS de la pandemia ocasionada por el coronavirus y la situación extraordinaria derivada del estado de alarma han puesto de manifiesto la extraordinaria implicación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad en el mantenimiento de los servicios esenciales, con una profesionalidad y grado de participación personal más allá de las exigencias normativas y administrativas".
El Consejo Consultivo ha dictaminado hoy el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 15/1998, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de distinciones del personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
El proyecto de decreto sometido a consulta recoge en el preámbulo que "la declaración en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 y la situación extraordinaria derivada del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria originada, han puesto de manifiesto la extraordinaria implicación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el mantenimiento de los servicios esenciales, con una profesionalidad y grado de participación personal más allá de las exigencias normativas y administrativas".
Asimismo expone que "se trata de una situación sin precedentes frente a la que se ha reaccionado en la prestación de los servicios públicos esenciales con una enorme diligencia, lo que ha llevado a los empleados públicos a desarrollar su labor en muchas áreas implicadas directa e indirectamente con la prestación de servicios esenciales y a ejercer sus funciones, de forma extraordinaria".
En este contexto el proyecto de decreto que modifica el Reglamento de distinciones del personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León recoge una nueva distinción, el Premio Extraordinario, que podrá concederse, con carácter excepcional, cuando el empleado público desempeñe funciones que supongan una señalada implicación en la prestación de servicios esenciales en situaciones de especial urgencia, alerta o crisis de cualquier naturaleza, declaradas conforme a la normativa vigente.
