Tras la muerte del general Franco y la desaparición de su régimen, y como parte de la Transición Española hacia la democracia, una de las tareas prioritarias de las Cortes fue la redacción de una Constitución que sustituyera al entramado institucional para cambiar el creado por la dictadura. Para tal fin, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró una Ponencia de siete diputados que fue encargada de elaborar un anteproyecto de Constitución.