La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifiesta su rechazo a la proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados "sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística".
En nuestra opinión, esta iniciativa pervierte el espíritu del artículo 3 de la Constitución al pretender imponer las lenguas cooficiales en el conjunto de la Administración del Estado.
La Constitución ya reconoce la oficialidad de las lenguas diferentes al castellano en sus respectivas comunidades autónomas y las administraciones, incluido la Administración General del Estado, y garantiza, mediante las distintas relaciones de puestos de trabajo, la atención a los ciudadanos en las lenguas cooficiales, como no puede ser de otra manera.
Sin embargo, el conocimiento de las lenguas cooficiales debe ser considerado un mérito, pero nunca un requisito para acceder a un puesto de trabajo en la Administración –conforme a nuestra normativa y los diferentes pronunciamientos por parte de los tribunales. De lo contrario, estaríamos cercenando el derecho
constitucional a acceder a la Administración por cualquier ciudadano/a, viva donde vivía, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
A nuestro entender, la sociedad española, tal y como establece la Constitución, ya reconoce, respeta y protege la riqueza de las diferentes lenguas españolas.
Para CSIF este tipo de iniciativas pretenden desunir y romper el principio de igualdad desde una perspectiva mal entendida de nacionalismo que parece obedecer a una voluntad de control de la administración y de sus empleados y acabar con el castellano como lengua oficial del Estado.
