El diputado provincial de Mancomunidades, José Ignacio Isidro, que está implicado en una investigación en la Fiscalía por hechos relativos a su cargo como alcalde de Villadepera, aseguró hoy en el pleno que si no cambió su declaración de bienes para incluir dos nuevos negocios en los que participaba fue porque desconocía que debía hacerlo.
Isidro aseguró en respuesta a una pregunta del diptuado provincial de IU, Francisco Molina, que cuando al inicio de la legislatura presentó la declaración jurada de bienes aún no tenía actividad una de las empresas de las que era socio y la otra ni siquiera estaba aún constituida, por lo que no las hizo constar en su declaración.
Si no modificó posteriormente los bienes declarados fue "por desconocimiento de la ley" y reconoció que a partir de ahora incluirá los cambios que se produzcan en su patrimonio. Indicó además que desde que en 1987 fue elegido concejal por primera vez siempre ha realizado su declaración de bienes cada cuatro años, tano al acceder a un cargo como al concluir la legislatura.
José Ignacio Isidro recordó a Molina que viene "del mundo obrero, no del empresarial". Indicó además que el alojamiento de turismo rural de Villadepera por el que pregunta es en realidad un apartamento y no lo dio de alta hasta septiembre de 2012, después de haber hecho la declaración de bienes de inicio de la legislatura. Sobre la empresa Cosmo Sayago, indicó que aunque se constituyó en mayo 2012 consideró que no debía declararla porque no tuvo actividad hasta el mes de septiembre de ese año.
Además, Isidro recriminó a Molina que hubiera pedido su dimisión como diputado provincial y hubiera hecho las preguntas sobre sus empresas en el pleno de la Diputación cuando la investigación judicial en la que está implicado se refiere a su actividad como alcalde.
El juzgado ha abierto diligencias a instancias de la Fiscalía contra José Ignacio Isidro y los alcaldes de Villardiegua de la Ribera, Silvestre Fernando; y de Gamones, Laureano Lorenzo; para investigar posibles delitos de negociación prohibida a funcionarios y prevaricación continuada que presuntamente habrían cometido estos responsables municipales en un caso en el que también están implicados otro cargo público y un empresario.
