En concreto solicitan conocer "por qué la Junta de Castilla y León consideró que la fiestaacampada de Vime de Sanabria, que comenzó el viernes 7 de agosto, comunicó el sábado 8 de agosto que no iba a intervenir por considerar que se trataba de un evento privado". José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez e Inmaculada García Rioja también piden explicaciones al ejecutivo autonómico sobre "por qué la Junta de Castilla y León cambió de criterio y el domingo 9 de agosto decidió intervenir y remitir por la tarde al juzgado de La Puebla de Sanabria, como autoridad sanitaria, la orden de cese y desalojo de la fiestaacampada de Vime de Sanabria".
Los Procuradores del PSOE por Zamora preguntan asimismo si "entiende la Junta de Castilla y León que ha podido ponerse en riesgo la salud pública en la citada fiesta-acampada de Vime de Sanabria". Por último piden conocer "qué grado de responsabilidad asume la Junta de Castilla y León en la tardanza de toma de decisión de tramitar al juzgado de La Puebla de Sanabria la orden de cese y desalojo de la fiesta-acampada de Vime de Sanabria celebrada del 7 al 9 de agosto de 2020".
Tal y como relatan en los antecedentes de la batería de preguntas José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez e Inmaculada García Rioja del 7 al 9 de agosto de 2020 se vivieron en Vime de Sanabria una serie de sucesos que han originado cierta incertidumbre entre los vecinos de dicho lugar y de la ciudadanía en general. Unos sucesos que terminaron el domingo 9 de agosto con el desalojo por parte de la Guardia Civil de una fiesta-acampada en la que llegaron a participar en torno a 150 personas en terrenos particulares sin las medidas de seguridad que han prescrito las autoridades sanitarias dentro de la coyuntura de la pandemia provocada por la COVID-19 y que no contaba con las debidas autorizaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Catilla y León ha explicado a través de un comunicado que el retraso en la intervención de la Guardia Civil para desalojar a personas concentradas en dicha fiesta de Vime de Sanabria se debió a la demora de la Junta de Castilla y León, como autoridad sanitaria, en solicitar la intervención de la Guardia Civil. El TSJCyL ha explicado que el juzgado de La Puebla de Sanabria no podía ratificar el desalojo de la fiesta sin haber recibido una solicitud previa por parte de la autoridad sanitaria, en este caso por parte de la Junta de Castilla y León.
La Guardia Civil puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Puebla de Sanabria la existencia de esa concentración de gente el sábado por la mañana, en torno a las 09.30 horas. Según ha trascendido la jueza informó a los agentes de que no pueden intervenir si la administración sanitaria no lo solicitaba, "ya que, al no existir delito, es la autoridad sanitaria quien debe de valorar si existe un riesgo para la salud y tomar la decisión, y en el caso de que afectara a derechos o libertades, solicitar la ratificación judicial de la decisión acordada".
Según ha informado el TSJCY "con el objetivo de poder acelerar la toma de una decisión ante el evidente riesgo para la salud que suponía la concentración de más de un centenar de personas", dicho tribunal señala que durante todo el sábado el Juzgado estuvo intentado contactar con la autoridad sanitaria. A última hora de la tarde del sábado, según se recoge en el atestado de la Guardia Civil remitido al Juzgado de La Puebla de Sanabria, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León comunicó que no iba a intervenir por considerar que se trataba de un evento privado. Ante la alarma general, la Junta de Castilla y León, sin embargo, cambió de parecer al día siguiente. El domingo por la tarde, a las 17.25 horas la delegada Territorial de la Junta, Clara San Damián, como autoridad sanitaria en la provincia de Zamora decidió intervenir y remitió al juzgado de La Puebla de Sanabria la orden de cese de la reunión y desalojo. A las 18.23 h. el Juzgado dictó y notificó el auto ratificando las medidas acordadas por la Junta de Castilla y León "ante el evidente riesgo para la salud que suponía tal concentración de personas, bebiendo alcohol, sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad". El TSJCyL ha insistido que el Juzgado "carece" de competencia para intervenir antes de que lo haga la autoridad sanitaria, porque los participantes no cometían ningún delito, sin embargo estaban incumpliendo la normativa administrativa en materia de Covid, "siendo la administración a través de la Autoridad sanitaria, y no el Juzgado, quien debía intervenir".
