La proliferación descontrolada de animales es muy lesiva y sigue ocasionando problemas muy serios a los agricultores y ganaderos en forma de destrozo de cultivos, muertes de ganado o transmisión de enfermedades, pero incluso está generando una creciente alarma entre la ciudadanía en su conjunto, debido a que la fauna provoca cada vez más accidentes de tráfico y daños en infraestructuras básicas.
Recordemos la propia advertencia lanzada el pasado mes de abril desde el Ministerio de Agricultura advirtiendo a todas las Comunidades Autónomas españolas de los riesgos que puede ocasionar el hecho de no ejercer un control de la fauna silvestre tanto en la propagación de enfermedades animales (algunas de ellas zoonosis, es decir, transmisibles al ser humano) como en la producción de daños en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Cabe tener presente, además, que los daños ocasionados por la fauna suponen un considerable quebranto en la economía de los agricultores castellanos y leoneses, ya de por sí muy lastrada por los bajos precios percibidos por sus producciones (baste como ejemplo los irrisorios precios del cereal en la presente campaña), y muy especialmente en el caso del sector ganadero, que padeció durante el confinamiento motivado por la pandemia COVID-19, y sigue aún sufriendo, considerables pérdidas de rentabilidad como consecuencia de no poder dar salida a sus productos o de verse obligado a hacerlo a precios indignos, muy por debajo de costes de producción.
Y es que, ante las constantes evidencias de que lobos, jabalíes, conejos, buitres, ciervos, corzos, abejarucos, etc. no dan tregua y continúan activos, provocando un desmesurado e inasumible nivel de daños en el medio rural, no cabe otra que reconocer que las medidas de control poblacional de la fauna son inevitables.
Y no es cuestión de rasgarse las vestiduras ni de tener complejo alguno. El control de las poblaciones es una práctica habitual en Europa, desde países de nuestro entorno más próximo como Francia hasta otros con una idiosincrasia más distante, como Noruega, y ello pese a que todos ellos tienen presiones faunísticas muy inferiores a la nuestra.
Por ello, COAG-Castilla y León considera totalmente imprescindible el control de las especies silvestres y emplaza a las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura a afrontarlo sin demora y con carácter prioritario. No hacerlo dejaría totalmente indefensos no solo a agricultores y ganaderos, sino también al conjunto de la sociedad, que ya está viendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje (por ejemplo, la irrupción en las ciudades de manadas de jabalíes, los daños en las infraestructuras viarias de los conejos, la siniestralidad derivada de la invasión de las calzadas por la fauna, las afecciones sanitarias motivadas por los topillos, etc.).
