viernes. 19.04.2024

Los concejales de los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida, consideran de todo punto necesario reclamar el respaldo del resto de administraciones públicas superiores para que de forma urgente adopten medidas económicas, planes de reactivación de actividades y servicios y planes de mejora de la salud pública, a fin de paliar las dificultades económicas y sanitarias por las que atraviesan nuestros vecinos en estos últimos meses y, especialmente, en el momento actual.

En una nota conjunta, el PSOE e IU Benavente consideran que el Ayuntamiento de su municipio ha implementado desde el inicio de la pandemia distintas medidas para la reactivación económica y de apoyo a los sectores productivos más perjudicados por los efectos de la COVID-19, desde la responsabilidad política y el debido compromiso social en el ejercicio del Gobierno Municipal. 

"La actual situación sanitaria originada por la segunda ola de la pandemia ha afectado de forma muy grave a nuestras vidas en todos los sentidos. El descontrol en las cifras de contagios, la situación de transmisión comunitaria y la declaración del nivel 4 de alerta sanitaria en nuestra comunidad autónoma ha provocado que el Gobierno de la Junta de Castilla y León haya tenido que adoptar, entre otras, la decisión de decretar el cierre de múltiples actividades económicas, con el consiguiente perjuicio económico para autónomos, empresas y trabajadores.

Los concejales proponentes, y la ciudadanía en general, entendemos que la salud es lo primero y que se deben agotar todas las vías para controlar la pandemia provocada por la COVID-19, pero también entendemos que se deben de articular medidas desde las administraciones regional y nacional para paliar los efectos de la paralización de gran parte de la actividad económica en nuestra comunidad autónoma.

Tanto el Gobierno de la Junta como el Central tienen que dar respuestas conforme a sus responsabilidades, medios y competencias directas. En este sentido, el gobierno de la Junta de Castilla y León, como administración competente en el territorio para adoptar las medidas de cierre de establecimientos y competente también en materia sanitaria, no puede desatender y dejar a su suerte a los miles de castellano leoneses que se han visto afectados por su gestión y sus decisiones respecto del control y lucha contra la pandemia sanitaria.

El pasado día 7 de noviembre el Gobierno de la Junta de Castilla y León obligó a cerrar bares y restaurantes, grandes superficies comerciales y centros deportivos. Esta medida drástica de cierre de actividades, ha vuelto a ser ratificada y extendida por un periodo de al menos 14 días más; es decir, hasta el próximo 4 de diciembre. Esta medida restrictiva está provocando la paralización de sectores clave en nuestra comunidad y con ello graves consecuencias para el tejido productivo y de servicios de nuestra comunidad autónoma.

Esta decisión del cierre de actividades, aunque comprensible por motivos sanitarios debido al descontrol en la transmisión del virus, las altas cifras de contagios y el estado de saturación y falta de recursos humanos y hospitalarios en la sanidad de Castilla y León, creemos que no se ha realizado como debiera por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Hubiera sido necesario un diálogo previo con los representantes de los sectores afectados y así como la puesta en marcha de medidas efectivas y de apoyo urgente a las
personas y empresas afectadas.

La Junta de Castilla y León en su obligación y responsabilidad de gestión sanitaria y económica, no puede limitarse a decretar restricciones y cierres sin acompañarlas de medidas de ayuda a los colectivos afectados. Pero esta falta de sensibilidad y de responsabilidad política es aún más grave si tenemos en cuenta que la Junta de Castilla y León ha recibido Fondos Extraordinarios del Gobierno de España para atender los gastos extraordinarios originados por la pandemia, fondos que no se están utilizando para ayudar al tejido económico
y empresarial de nuestra tierra. De hecho, según los datos del Ministerio de Hacienda, la Administración autonómica ha registrado un superávit de 235 millones en los ocho primeros meses del año, lo que supone un 0,44 % del PIB, frente al déficit de 439 millones, el 0,74 %, en el mismo periodo de 2019, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para garantizar los recursos a las comunidades y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.

Dadas las dificultades sanitarias y económicas por las que atraviesan nuestros vecinos, creemos necesario que el Ayuntamiento de Benavente, no sólo ponga en marcha acciones y medidas propias como las llevadas a cabo hasta la fecha (Ben-Activa 2020) y que sean necesarias y viables en el futuro cercano, sino que además reclame ante las administraciones superiores, con independencia del color político, la adopción urgente de soluciones eficaces para paliar la situación socioeconómica en general y, particularmente, la de los centenares de nuestros vecinos y vecinas afectados de forma directa por el obligado cierre de sus negocios.

Especialmente gravoso está siendo el cierre para la hostelería en nuestra Comunidad Autónoma, sector de gran peso específico en la económica regional, donde según los datos del sector, el cierre de los locales está afectando a más de 120.000 familias de forma directa, sin contar los empleos indirectos que generan en los sectores de alimentación y distribución. Por lo que respecta a nuestra provincia el sector de la hostelería agrupa a cerca de 2.000 empresas y genera cerca de 8.000 empleos directos.

Vistas las actuales circunstancias los concejales proponentes por responsabilidad, haciendo nuestra labor de escucha activa y presentación de propuestas buenas para nuestros vecinos y vecinas, consideramos imprescindible la convocatoria inmediata de una línea de subvenciones directas para autónomos y empresas del comercio minorista, centros deportivos, restauración, hostelería y ocio nocturno, dotada con al menos 40 millones de euros, ayudas para el pago del alquiler y la puesta en marcha de un Cheque Resistencia Castilla y León para microempresas de menos de 10 trabajadores con ayudas que oscilan entre los 150 y los 300
euros semanales".

Fotografía: Interbenavente.es

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