A día de hoy seguimos sin conseguir una Ley de Vivienda, ni autonómica, ni estatal, que dé soluciones al incumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna (art. 47) por parte de las administraciones públicas, en un contexto de capitalismo salvaje que venimos sufriendo desde el comienzo de la crisis-estafa, cuyas manifestaciones mas visibles son el aumento de la desigualdad y la pobreza, aumento de la marginación y exclusión social, unas cifras de paro endémico escandalosas, aumento de la precariedad laboral, de la pérdida de derechos sociales y laborales, un rescate a la banca de 77.000 millones de euros con dinero público y sin retorno, venta de pisos públicos a fondos buitre y por debajo de su valor, deterioro y privatización de los servicios públicos y un largo etc.
En relación con el derecho a la vivienda, nos encontramos con que el nº de desahucios, lejos de disminuir, continúa manteniéndose como en los peores tiempos. Si unimos al anterior dato la vergüenza de un irrisorio parque público de vivienda (menos del 2% frente al 15% de media en la UE) y la inminente amenaza de un aumento de los desahucios, entre otros factores, por el fin de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias para mayo de 2020 y que afectará a numerosas familias, por la finalización de los alquileres sociales con la banca, por el aumento espectacular de los precios de alquiler en las grandes ciudades y zonas turísticas y, por último, por la situación de pobreza de amplios sectores de la ciudadanía que los aboca a la ocupación de viviendas vacía, cada vez en mayor número, como única alternativa para acceder a un derecho universal, estamos, si no se le pone remedio, a las puertas de un rebrote de crisis social, mucho mayor que la que hemos padecido.
Con esta problemática nos hemos presentado la PAH de Zamora, el pasado 26 de septiembre, ante el Procurador del Común, basándonos en los casos que, previamente, las personas-familias pertenecientes a la PAH habían presentado. Las quejas que se han presentado corresponden a tres casos que han recibido una notificación de lanzamiento por parte del juzgado, dos de ellos (S y A) se ha conseguido paralizar temporalmente por falta de alternativa habitacional, el otro (V) está pendiente de la decisión del juzgado, siendo doblemente víctima, además de tener escasos recursos, de profesionales que, en vez de aportar soluciones, la hunden mas en el pozo de la desesperación; dos casos (Y, C) se encuentran con la amenaza de ser embargadas sus viviendas por deudas o inexistente o producto del abuso y malas prácticas profesionales, inadmisible desde la ética (este último caso no se pudo presentar por estar fuera el sujeto afectado).
Sabemos que las personas afectadas por un desahucio que se acercan a la PAH solo son la punta del iceberg (los datos aportados por CGPJ, en el 2018, en Zamora, fueron desahuciadas 117 familias). La mayoría de las familias sufren silenciosamente el drama del desahucio, incapaces de compartir su problema y de superar "la vergüenza" que les genera, un drama que desgraciadamente, a veces, termina en tragedia. Pero todas ellas tienen un elemento en común, la falta de alternativa habitacional ante el desahucio por parte de la administración, a pesar de la existencia de viviendas vacías que, en Zamora, son más de 6.500, según los datos aportados por INE, muchas de ellas propiedad de la SAREB y de otros bancos recatados con dinero público, y de otras ayudas, hasta en los casos mas graves.
Por esta razón no es de extrañar las mas de 200 solicitudes de una vivienda de alquiler social que se acumulan ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Zamora, según información del Servicio Territorial de Fomento de Zamora, a las que solamente se ofrecen 4 viviendas (dos de ellas en Zamora, las otras dos en Benavente).
Todas estas situaciones se generan porque la Junta ha sido incapaz de desarrollar la LEY 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda, particularidad que el Procurador del Común de Castilla y León deja muy claro en la Resolución emitida el 15 de junio de 2015 y enviada a la Consejería de la Presidencia de la junta de Castilla y León "Aplicación de medidas para proteger eficazmente el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada". Por eso hemos insistido ante el Procurador del Común el incumplimiento de su propia Ley por parte de la Junta y la falta de voluntad política para desarrollarla y materializarla. También hemos señalado el silencio del Ayuntamiento a pesar de su compromiso por una ciudad libre de desahucios, y al que le hemos solicitado información sobre la situación de las viviendas propiedad del Ayuntamiento que, en su mayoría o estaban ocupadas ilegalmente o requerían ser habilitadas para poder ser ocupadas.
Le hemos dado a conocer, a grandes rasgos, el Plan de Choque propuesto por la PAH para afrontar la emergencia habitacional en el ámbito autonómico:
• La suspensión temporal de todo desahucio que afecte a personas con bajos ingresos, sin alternativa habitacional, hasta que la Administración Pública pueda garantizar una vivienda adecuada.
• Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad económica.
• Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los salarios y prestaciones existentes en nuestro país, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
• Impuesto a viviendas vacías, especialmente pertenecientes a grandes tenedores como la banca, Fondos Buitre y Socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).
• Incremento creciente en los Presupuestos Autonómicos para vivienda que garanticen su función social de forma permanente.
• Impedir la enajenación de vivienda pública por norma legal.
• Medidas legales que otorguen a la administración pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente, acaban en manos de fondos buitre.
• Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada (Bankia, SAREB) para la creación de un PARQUE de viviendas de alquiler social.
• Desarrollo de la Ley de medidas urgentes en materia de Vivienda que permita la movilización de vivienda deshabitada hacia el alquiler social estable o la consideración del Derecho a la vivienda como Derecho Subjetivo para las familias vulnerables.
