La PAH denuncia que ninguna persona, como es el caso de una madre con dos menores a su cargo de 2 y 11 años, víctima de violencia machista, en paro, sin otro ingreso que un subsidio de 426 euros (PIE), con una notificación de desahucio inminente, con la probabilidad de encontrarse en la calle o, como mal menor, en una pensión, después del recorrido agónico que ha tenido que hacer por las instituciones de esta ciudad (CEAS municipales, Delegación Territorial de la Junta, Servicio de Fomento, Ayuntamiento, procurador del Común, Cáritas) durante varios meses tenga que afrontar los contínuos "desaires, humillaciones, trato indigno y acusaciones veladas".
Todo eso ha tenido que vivir, con la desesperación y la angustia ante un futuro incierto, con la posibilidad de quedarse en la calle, de perder la custodia de sus hijos y un largo etc. Lo último ha sido unas declaraciones de la Delegada Territorial de la Junta de CyL, Clara San Damián, hechas el pasado lunes 13 de enero a los medios de comunicación en las que afirmaba que esta persona había rechazado una vivienda de alquiler social ofrecida por la Junta en Santibáñez de Vidríales hacía mes y medio.
Respecto a las palabras de la delegada, la PAH señala que "cuando se dicen medias verdades, como es en este caso, tenemos serias dudas que se haga sin una clara intención de generar en la ciudadanía un rechazo hacia la persona y lo reivindicado por ella y, de paso, a la PAH que la apoya. Forma parte de eso tan de actualidad en sociedades tan desiguales y tan clasistas como la española de la que se nutre la ultraderecha, la criminalización de la pobreza, del emigrante, del extranjero pobre, de la mujer maltratada o violada, del "diferente", la criminalización en último término de las víctimas y, de paso, promover el rechazo de un movimiento tan reivindicativo y tan "molesto" a los defensores del "status quo", ya sea por acción o por omisión, como la PAH".
"Ya sea de manera intencionada o por ignorancia", la PAH ha querido desmentir la declaración de la delegada en la rueda de prensa del "con pruebas documentales". Entre ellas, la PAH afirma que "el rechazo de esta vivienda se hizo en noviembre del 2018, hace más de un año, y no hace mes y medio como afirma la delegada, y sin que en aquellos momentos recayera sobre esta familia una orden de desahucio. El rechazo de esta vivienda, en aquellos momentos, estuvo motivado porque implicaba no poder acudir, o hacerlo con mucha dificultad, con su hija menor al punto de encuentro, tenía muchas menos posibilidades de encontrar trabajo y generaba en toda la familia un fuerte desarraigo, especialmente en su hijo mayor". Desde la PAH defienden a la mujer al poner en conocimiento "la necesidad de tener relaciones de amistad, afectivas, de no sentirse solo, para el desarrollo humano y la salud mental de cualquier persona, por lo que el rechazo de la vivienda está más que justificado".
"Las opciones ofrecidas son parches y totalmente inciertas", denuncia la plataforma. "Las opciones ofrecidas por el Ayuntamiento de pagar el alquiler de una vivienda durante unos meses, cuando las inmobiliarias y propietarios exigen del inquilino garantías de cobro, ya sea mediante un salario más o menos seguro, obligando a presentar un contrato de trabajo u otros ingresos que puedan garantizar el cobro del alquiler, quedan totalmente en el aire. Que un Ayuntamiento gobernado por IU sea incapaz de ofrecer otras soluciones, nos deja perplejos e indignados, no solamente porque está en su programa sino porque su proyecto de sociedad fuera mínimamente creíble".
La plataforma pide al Gobierno de Izquierda Unida un mayor interés "de ponerse a la cabeza de la lucha por los DD.HH., entre ellos el derecho a una vivienda digna de manera efectiva, algo que no hace mucho era despreciado por ser reformista, pero que en estos tiempos parece que es algo tan revolucionario que hasta un Ayuntamiento de izquierdas tiene difícil conseguirlo, evitando así que, por esta causa, en su municipio se dieran situaciones de marginación y exclusión social".
La PAH muestra su crítica hacia la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento ante la incapaz de poner solución "mediante la creación de un parque público de viviendas de alquiler social", lo que "expresa hasta donde, en este país, sus instituciones y las políticas que vienen ejecutando han estado y siguen estando al servicio de los poderosos, de los bancos, de tramas caciquiles".
En Zamora existen más de 6.600 viviendas vacías, "muchas de ellas procedentes de la banca rescatada con dinero público generando una deuda que algunos economistas cifran en cerca de los 100.000 millones de euros, sin que la banca tenga obligación de devolver, y que no sean capaces de ponerlas al servicio de los más necesitados, ya sea mediante convenios con la SAREB, o con la banca rescatada, ya sea penalizando a sus propietarios por no ofrecerlas para alquiler, medidas mínimas defendidas por el Procurador del Común, hasta podían ser expropiadas amparándose en la propia constitución que toda propiedad debe de estar al servicio de la sociedad para garantizar los derechos más elementales".
