El Ayuntamiento de Zamora ha emitido un comunicado en el que se arroga la paralización del desahucio de la familia uniparental, compuesta por una mujer maltratada y sus dos hijos menores. Desde la coorporación se manifiestan apoyando a los CEAS municipales y critican veladamente las acusaciones vertidas por PAH Zamora, plataforma que se ha denunciado en más de una ocasión la innación de las administraciones (Junta y Ayuntamiento) y que ha llegado a pedir la dimisión del primer edil de la ciudad, Francisco Guarido.
Ahora, el Ayuntamiento, que había guardado silencio sobre todos estos reproches, responde en este comunicado a las declaraciones del movimiento social. De igual manera, indica que las paralizaciones de los hasta cuatro intentos de lanzamiento han sido fruto del "trabajo de los servicios sociales" y "no debido a la presión social", en clara alusión a las movilizaciones ejercidas por la PAH desde el pasado mes de enero.
Este es el comunicado del Ayuntamiento:
El informe elaborado por el Técnico de Servicios Sociales con los datos recabados por los Trabajadores Sociales y otros especialistas de los Servicios del Ayuntamiento de Zamora ha sido determinante para el cuarto aplazamiento del desahucio dictado por el Juzgado y, en consecuencia, la prórroga del alquiler de la vivienda que esta familia ocupa desde hace 2 años, sin pagar el alquiler desde hace varios meses, todo ello motivado por sus especiales circunstancias socioeconómicas y familiares.
De la misma manera, el trabajo permanente de los empleados municipales de Servicios Sociales ha permitido encontrar una vivienda de alquiler disponible para esta familia, puesto que será avalado y financiado por el Ayuntamiento durante el tiempo necesario hasta que se adjudique por parte de la Junta las viviendas disponibles en este momento.
Las circunstancias de esta familia que es usuaria de las prestaciones sociales desde hace años; el tercer desahucio inminente de la vivienda que ocupa, y la existencia de una vivienda de alquiler disponible a partir del mes de marzo… Todos estos datos han sido recogidos en el Informe de Servicios Sociales y se han registrado el pasado viernes en el Juzgado correspondiente. Algo que subrayamos para demostrar que han sido determinantes en la decisión de aplazamiento del Juzgado y han permitido una solución de carácter provisional.
El Ayuntamiento, a través del departamento de Servicios Sociales, ha estado pendiente de la familia, ha propuesto distintas soluciones y ha garantizado que ni esta familia ni ninguna otra en situación de desahucio por impago de alquiler se “queden en la calle”. Algo que no es más que cumplir con su trabajo y sus obligaciones. Sin embargo, mientras han realizado su trabajo han sido objeto de duras críticas, como lo ha sido también este Equipo de Gobierno, por parte de colectivos de apoyo a esta familia. Ni desde el punto de vista profesional ni desde el político hemos querido responder a valoraciones de incompetencia, tratos vejatorios, maltrato institucional, falta de sensibilidad o petición de dimisiones, por respeto a las personas en situación de necesidad. Porque consideramos –como dice la ley por otra parte- que la situación familiar y los datos sociales y económicos de cualquier persona en situación de necesidad deben ser reservados y no estar en el debate público, máxime cuando se dan situaciones de violencia de género y de existencia de menores que exigen protección y reserva.
Una vez que estas asociaciones han llevado al debate social y a los medios de comunicación la situación, nos vemos obligados a aclarar lo siguiente:
1. La situación producida el lunes de aplazamiento del desahucio por parte del Juzgado es consecuencia directa del Informe de Servicios Sociales, y no de la presión social.
2. La solución provisional de puesta a disposición de una vivienda de alquiler hasta la resolución de adjudicación de vivienda social por parte de la Junta también ha sido fruto del trabajo de los empleados municipales, ya que el Ayuntamiento ha avalado el alquiler y lo paga directamente al propietario a través de “cesión de derechos de cobro de la prestación económica”.
3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento no han sido pasivos sino que han buscado permanentemente soluciones con todos los recursos que cuentan: renta garantizada de ciudadanía desde 2015; Renta Mínima de Inserción; prestaciones de ayuda de urgente necesidad para alquiler en varias ocasiones y para la alimentación; orientación y formación para el empleo; intervención del Equipo de Apoyo a Familias del Ayuntamiento para los hijos menores.
El SEPE por su parte ha concedido ayudas extraordinarias al alquiler por su condición de víctima de violencia de género (no justificada), y la Junta ha puesto a disposición una vivienda en Santibáñez de Vidriales (rechazada). Lo que no puede hacerse desde el Ayuntamiento –pese a que lo demandan algunas asociaciones- es dar una vivienda de alquiler social de las que dispone la Junta a esta familia sin resolver el procedimiento por el cual estas viviendas deben adjudicarse a través de un baremo objetivo y de informes que acrediten la situación socioeconómica a quien más la necesite, y no ignorando que puede haber situaciones tan duras como la de esta familia concreta.
Finalmente desde el Equipo de Gobierno lamentamos que la situación de vulnerabilidad de esta familia se haya hecho pública, sobre todo porque hay menores afectados y víctimas de violencia de género; mostramos nuestra consideración y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales municipales; y agradecemos la labor de concienciación y movilización de la PAH de Zamora en la sociedad, pero les instamos a que respeten el derecho a la privacidad de las familias y personas en situación de necesidad y demandantes de vivienda, no sólo en cumplimiento de la legalidad, sino por respeto a su dignidad. Dicho esto, reconocemos que la situación de la falta de vivienda es un problema social de primer orden, y haremos lo que esté en nuestra mano por evitarlo desde las Instituciones y desde la solidaridad social.
