La consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, ha mantenido la primera reunión con las asociaciones del tercer sector social y lo ha hecho en Zamora. Los encuentros, enmarcados en la nueva ley, se mantendrán con todas las delegaciones territoriales en Castilla y León.
La Consejería de Familia e Igualdad ha mantenido el primer contacto con las asociaciones del tercer sector social. Aunque ya ha habido reuniones a nivel regional, Isabel Blanco daba importancia a conocer las alegaciones y demandas de las asociaciones a nivel provincial "y queríamos empezar por Zamora". El CERMI o Cruz Roja han sido dos órganos que ya han tenido el primer contacto con la Consejería, pero es el turno local, con una "visión muy diferente".
Una vez recorran las nueve provincias manteniendo estas reuniones, la Consejería organizará un consejo de dirección abierto, también en Zamora, donde se junte la sociedad zamorana que conforme el tercer sector social, además de las instituciones, para que "vengan a compartir ese consejo de dirección".
La nueva ley para el tercer sector social ha sido muy demandada, incluso la primera reunión que mantenía Isabel Blanco como consejera recordaba que fue con estas asocaciones que "realizan una labor impresionante", fundamentales en poner a los servicios sociales de Castilla y León como "pioneros". La ley va a definir lo que es el tercer sector, en el que hay muchas organizaciones y asociaciones que requieren un orden y un censo real. Además, marcará obligaciones en la relación laboral con los empleados además de dotar de una estabilidad financiera, también muy reclamada.
Las alegaciones, que siguen llegando a la Consejería, tendrán como último día de entrega el 5 de marzo y se comenzarán a tramitar para que en un plazo de dos o tres meses aproximadamente estén resueltas, según informaba Isabel Blanco.
Los proyectos están abonados para financiarlos con cargos al IRPF, que cuenta con un presupuesto de 20 millones para las asociaciones. Desde la Junta de Castilla y León pedirán al Gobierno de la Nación que aumenten la cantidad "de manera proporcional" en todas las Comunidades Autónomas.
