El caso de la familia monoparental, compuesta por una mujer víctima de violencia de género y sus dos hijos menores, que está en el candelero mediático desde el pasado mes de enero y que parecía haberse solucionado el pasado 17 de marzo vuelve al punto de partida. La vivienda que se había conseguido para entrar a vivir el próximo lunes 2 de marzo, fecha en la que la familia debe entregar las llaves de su actual vivienda (sobre la que pesan más de 8 meses de renta sin pagar), al final se ha frustrado después de que los propietarios del inmueble se negaran a firmar un contrato por seis meses, tal y como reclamaban los CEAS municipales, que iban a ser los que se encargasen del pago del alquiler.
De este modo, todo el camino andado hasta este punto no sirve de nada y la familia se enfrenta al que será su quinto intento de desalojo desde el pasado mes de noviembre, fecha desde la que el juzgado ha ido concediendo prórrogas a raíz de los numerosos informes presentados por los servicios municipales del Ayuntamiento.
La ONU solicita la paralización del desahucio mientras esté bajo estudio
Todo ello ha llevado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zamora a volver a reunirse en la plaza de la Constitución para denunciar, una vez más, la inacción de las instituciones y demandar “una solución definitiva” para esta familia. Pero en esta ocasión PAH Zamora llega más cargada de razones que nunca, puesto que hoy han recibido la notificación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) -ante el que habían apelado el caso- en el que se solicita expresamente a las administraciones “tomar medidas mientras el caso está siendo estudiado por el comité, incluyendo evitar la salida de la vivienda o proporcionar una alternativa habitacional”, informó la portavoz de PAH Zamora Mena Martins.
Desde la asociación esperan que la solicitud incoada por el organismo de la ONU tenga el suficiente peso para que el juzgado de Zamora habilite una nueva prórroga y se paralice una vez más el desahucio programado para este martes a las 9:45 de la mañana. El caso se encuentra en estudio por parte del CESCR, pero dicho comité tiene potestad para dictaminar una resolución vinculante que ha de ser cumplida por las administraciones responsables en este caso (Ayuntamiento de Zamora y Junta de Castilla y León)
El Procurador del Común solicita una alternativa habitacional
Desde la plataforma no solamente esgrimen este informe, sino que también aluden a la resolución tomada por el Procurador del Común, el cual ya se pronunció sobre este caso y de forma favorable para la familia afectada. El Procurador solicita que una de las 19 viviendas municipales libres -algunas de estas viviendas precisan trabajos de remodelación y adecuación- se adjudique a esta familia en régimen de urgencia singular.
Estos son los dos documentos, ONU y Procurador del Común, a los que se aferra PAH Zamora para solicitar la paralización del desahucio por quinta vez consecutiva y para exhortar a las administraciones a que se agilicen los trámites para que esta familia pueda disponer de un alquiler social definitivamente.
Entre tanto, y mientras no se ofrezca una alternativa habitacional válida para esta mujer y sus dos hijos, la PAH regresará a su postura de confrontación y “de ninguna manera se entregarán las llaves el día 2 en el juzgado tal y como se había pactado”.
La Junta empezará a adjudicar alquileres sociales a mediados de marzo
A mediados del próximo mes la Junta de Castilla y León habrá valorado las más de 130 peticiones de alquiler social que tiene sobre la mesa en la provincia de Castilla y León. Tras muchos meses de burocracia y trámites, la delegada territorial de la Junta, Clara San Damián, confirma que los procesos de resolución y adjudicación de alquileres sociales podrían darse a partir de esa fecha.
El informe de la familia que será desahuciada este próximo martes se encuentra en dicha lista, pero esto no quiere decir que una de las viviendas le vaya a ser adjudicada, ya que los técnicos del organismo regional adjudicarán los domicilios en función de las necesidades de los 130 solicitantes.
De hecho, los propios reclamantes de estas viviendas pueden desechar las casas que se les ofrecen si consideran que no cumplen con sus necesidades, “tal y como ya hizo esta mujer (en referencia a la familia que será desahuciada el 3 de marzo) cuando la Junta le ofreció una vivienda (en Satibañez de Vidriales)”, detalló Clara San Damián. La PAH ya negó este extremo, arguyendo que esa vivienda se rechazó en 2018 cuando la familia no se encontraba en situación de desahucio y ante la imposibilidad de cumplir el régimen de visitas con el padre de uno de los niños.
