viernes. 29.03.2024

ASCEL inició en octubre 2019 el procedimiento administrativo para proteger toda la población de lobos de España incluyéndolo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría Vulnerable, o —en su defecto— en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011).

El Ministerio retiró la cuestión (dentro del trámite reglado) en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado septiembre, por temor a confrontar con algunas comunidades autónomas, a pesar del previo Dictamen del Comité Científico que ha de informar sobre el trámite, cuya posición fue favorable (y unánime) para incorporar al lobo en el RD 139/2011.

Ese paso por dicha Comisión es requisito sine quaen non para tramitar en el BOE la inclusión del lobo en el listado protegido. Ello obliga a ASCEL, como entidad promotora, en tiempo y forma, a reclamar ante nuestros Tribunales, por medio de un Recurso Contencioso-Administrativo, la incorporación del lobo como especie protegida en todo el territorio nacional, presentando Demanda contra el Ministerio presidido por Teresa Ribera.

Es preciso incidir en la hipocresía sobre el lobo del actual Gobierno. Sí se quiere proteger al lobo, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Teresa Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno. Pero el trámite nunca se completó, y la orden no se firmó.

Por tanto, cualquier anuncio de buenas intenciones ministeriales que no se plasmen en el Boletín Oficial del Estado es engañar a la ciudadanía y prolongar sine die una decisión que solo compete al Gobierno Central. Y sin publicación en el BOE no hay protección de lobos, perpetuándose el actual modelo de gestión autonómico basado en la caza y control poblacional, que contribuye al Desfavorable e Inadecuado estado de conservación de nuestra población de lobos, como ha acreditado la Unión Europea.

El lobo es el único gran carnívoro terrestre de nuestra fauna que no está estrictamente protegido (como el oso pardo y el lince ibérico) en el RD 139/2011. Estamos pues, en ASCEL, obligados a demandar en los Tribunales que una especie clave para la salud ambiental de España ocupe su lugar, y ello lo hacemos denunciando a quienes se niegan a atender a sus obligaciones, de oficio, desde hace décadas, para proteger al lobo, ya sean empleados públicos o autoridades.

ASCEL lleva a los tribunales al Ministerio ecológico por no proteger al lobo