El caso de la familia monoparental, conformada por una mujer víctima de violencia de género y dos menores, que será desahuciada este miércoles ha precipitado un maremágnum de declaraciones institucionales –Ayuntamiento y Junta– que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Zamora considera “contradictorias” e “inexactas”. Con el fin de “aclarar la situación y desmentir algunas de las informaciones aportadas por los responsables políticos” la organización convoca una concentración para este martes a las 20:15 en la Plaza Mayor.
Zamora News, que ha podido hablar con Mena Martins, una de las portavoces de PAH Zamora en este caso, adelanta algunas de las reivindicaciones y datos que se pretenden aportar en dicha concentración:
La vivienda en Santibáñez de Vidriales fue rechazada bajo el consejo de los Servicios Sociales.
Desde la plataforma quieren desmentir que la familia afectada rechazara mudarse a una vivienda de alquiler social en el municipio de Santibáñez de Vidriales este pasado mes de noviembre, cuando la delegada del Gobierno Clara San Damián indicó que se llevó a cabo la comisión de seguimiento del caso de marras, sino que dicha proposición fue hecha –siempre de acuerdo con la versión de PAH Zamora– en septiembre de 2018 “cuando todavía no se había iniciado un proceso de desalojo y ni si quiera la familia se encontraba en el domicilio del que van a ser desahuciados este miércoles”.
La organización por una vivienda digna añade además que la propuesta de residir en Santibáñez de Vidriales fue rechazada bajo el consejo de los técnicos de servicios sociales que en aquel momento estaban al cargo de este caso. Por aquel entonces la expareja de la víctima no había recibido una segunda orden de alejamiento, según informan desde la PAH, y por tanto la madre debía de acudir dos veces por semanas a un punto de encuentro fijado por el juez para entregar a los menores; una coyuntura que se hacía de muy difícil cumplimiento si la familia debía trasladarse al municipio de la comarca de Benavente toda vez que la madre no dispone de vehículo propio para desplazarse.
Igualmente, desde la PAH informan que un traslado hasta dicho pueblo hubiera sido “especialmente nocivo para el mayor de los hijos, que ha sufrido una verdadera odisea con los episodios de maltrato a su madre y que ya está arraigado en el colegio, con un grupo de amigos estable”.
Por último, también se arguye la oportunidad laboral como una razón más para no acudir a la vivienda de alquiler social ubicada en Santibáñez de Vidriales. La plataforma indica que las posibilidades de encontrar trabajo en el pueblo de los Valles son “claramente inferiores” y “es una chica joven que quiere encontrar trabajo y no vivir de las ayudas toda la vida”.
El hospedaje hotelero ofrecido por el Ayuntamiento, como última opción
La mañana de este lunes, la concejala de Servicios Sociales, María Inmaculada Lucas, expresó de forma rotunda que la familia afectada por este proceso de desahucio no se iba a quedar en la calle y que el Ayuntamiento estaba dispuesto a facilitar un hospedaje hotelero mientras la Junta tramitaba el expediente para acceder a un alquiler social. Esta alternativa solo sería aceptada por la familia “in extremis”.
Mena Martins, portavoz de PAH Zamora, considera que esta debe ser “la última opción a valorar” debido a que sería “la solución más perjudicial de las posibles”. Martins indica que esta opción ahondaría más en la problemática económica de la familia afectada, puesto que al irse a una pensión no tendrían posibilidad de trasladar todas sus pertenencias personales, quedarían legalmente “abandonadas” y las perderían sin remisión.
Es por ello, que desde la plataforma antidesahucios están buscando de forma exhaustiva en las inmobiliarias de la ciudad un alquiler que será avalado por el CEAS y el Ayuntamiento, según han informado desde la organización, que permita residir a esta familia mientras se tramita el expediente para acceder a una vivienda de alquiler social.
El juzgado nº3 decide mañana si prorrogar el desalojo hasta final de mes
Por otro lado, PAH Zamora, que en un primer momento indicó que el juzgado ya no ofrecería más plazos a la familia para adquirir un alquiler social, ahora indica que este martes la magistrada encargada del caso puede fallar postergar la salida de la familia de la vivienda actual durante una o dos semanas más; en cualquier caso se trataría de una medida esteril, puesto que el proceso para acceder a un alquiler social concedido por la Junta es un proceso mucho más prolijo que este periodo de 7 o 15 días.
La familia debe más de ocho mensualidades al propietario del inmueble.
Resistirse al desahucio sigue encima de la mesa
En el caso de que se quemen todos estos cartuchos y ninguno consiga dar en la diana, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Zamora no se descarta intentar evitar el desalojo mediante la ocupación de la vivienda y la resistencia. Es decir, que el miércoles podríamos encontrarnos con esas imágenes en las que efectivos policiales sacaban por la fuerza a los inquilinos de sus viviendas. Esta ya sería la última arma esgrimida por la plataforma, pero no es un escenario que se descarte desde la organización
